Cómo la confiable CEO de la cooperativa de Subway supuestamente ocultó un complot de sobornos de $200 millones a plena vista

Cuando la semana pasada se supo que Janet Risi Field fue acusada de cargos federales de soborno en relación con su cargo como CEO de la Cooperativa de Compras Independiente (IPC, por sus siglas en inglés), el co-op sin fines de lucro de la cadena de suministro de Subway, los franquiciados expresaron incredulidad. “La gente está en shock”, dijo un franquiciado. “Parecía una persona muy honesta y directa”.

El presunto esquema de sobornos

La acusación formal, en resumen, acusa a Risi y a su hermano de desviar unos $80 millones en honorarios y sobornos hacia sí mismos y otros, utilizando un sistema de corredores y empresas fantasma, disfrazando a menudo los pagos como tarifas típicas en contratos de cadena de suministro. Sin embargo, el costo total del presunto esquema, según los documentos legales, superó los $200 millones. Risi dirigió la IPC durante un cuarto de siglo, y el plan supuestamente tuvo lugar durante la mayor parte de ese período. No fue descubierto hasta al menos un año después de que Risi dejó la organización sin fines de lucro con un paquete de indemnización de $6 millones, aunque hubo al menos dos ocasiones en que el plan estuvo a punto de ser descubierto.

Cómo funcionaba el plan

El plan funcionaba de la siguiente manera: para mantener contratos con la IPC, proveedores de productos horneados y carnes frías proporcionaban sobornos a empresas de corretaje. Esos corredores, según los documentos judiciales, desviaban fondos a Risi y a otros a través de una serie de empresas fantasma. Las tarifas se disfrazaban como honorarios de corretaje, y las empresas fantasma ocultaban los pagos a Risi. Para los proveedores, las transacciones a través de corredores son comunes. Los proveedores a menudo trabajan a través de tales empresas para asegurar negocios de cadenas de restaurantes. Una empresa como Subway, una de las 10 cadenas más grandes de Estados Unidos, sería un cliente particularmente lucrativo y bien valdría la tarifa de corretaje para asegurar ese negocio.

• Risi supuestamente se acercó al CEO de West Liberty Foods (WLF) en 2001 y le dijo que debía pagar sobornos disfrazados como tarifas de corretaje a DRS.
• Entre 2004 y 2022, WLF pagó a DRS y a otro corredor, Technical Food Solutions, $172 millones.
• Para compensar esos costos, WLF infló sus precios de proteínas suministradas a los franquiciados de Subway, siendo significativamente más altos que los de proveedores competidores.
• Otros proveedores, como Lineage y Craftmark, también pagaron sobornos a través de DRS, mientras que Southwest Re-Distribution Company solicitó sobornos de empresas como Ecolab y Georgia Pacific.
• Risi y su familia crearon empresas fantasma para recolectar pagos de DRS y otros corredores, acumulando unos $60 millones entre 2000 y 2021.

Los intentos de encubrimiento

El esquema estuvo a punto de ser revelado en dos ocasiones. En 2011, un ex contratista de la IPC presentó una demanda alegando que Risi tenía una relación inapropiada con uno o más proveedores. Ese contratista amenazó con entregar copias de la queja a los franquiciados en una próxima convención. Risi pidió a una firma asesora, a un proveedor y a otro ejecutivo que pagaran $8 millones al contratista para que se retirara. En 2019, Ed Garrett, ex CEO de WLF, envió una presentación de actualización comercial a Dennis Clabby, ex ejecutivo de la IPC. La presentación mostraba que WLF pagaba entre $10.4 millones y $12.7 millones cada año en comisiones a DRS de 2011 a 2018. Clabby preguntó a varios proveedores sobre pagos a DRS y finalmente confrontó a Risi, pero no informó los pagos a la junta directiva de la IPC. Clabby no fue mencionado en la acusación, solo en la demanda civil.

El descubrimiento y las consecuencias

Risi finalmente dejó la IPC en 2021, recibiendo una indemnización de $6 millones. En octubre de ese año, según la demanda, acordó enmiendas al contrato de panadería con Craftmark que incluían requisitos mínimos de volumen que “superaban con creces la demanda necesaria” para abastecer a los franquiciados de Subway. El resultado: la IPC terminó pagando mayores penalizaciones al proveedor. En enero de 2022, la IPC contrató a Kirsten Michulka como su nueva CEO. Poco después, comenzó a hacer preguntas. Clabby reveló el esquema de DRS. Luego dijo a Garrett, el CEO de WLF, que dejara de pagar tarifas al corredor. Una vez que WLF dejó de pagar esas tarifas, redujo sus precios en $9 millones por año.

Fraude financiero

La acusación alega que Risi usó fondos para amueblar y remodelar sus casas en Carolina del Norte y Miami, además de crear un “fondo de sobornos” con una firma asesora no identificada para ocultar los pagos. Se usaron fondos para comprar joyas por $400,000, membresías a clubes privados, pagar a un asistente personal, ama de llaves y manitas, así como $1.8 millones a una empresa de Florida que se canalizaron a su hermano Steven. En total, el fondo de sobornos habría hecho pagos por unos $25 millones a Risi y otros. Este caso resalta la vulnerabilidad de las cooperativas de compras y la importancia de la supervisión y la denuncia de irregularidades en las organizaciones sin fines de lucro.